El impuesto al cheque, también conocido como el impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias se implementó a través de la Ley de Competitividad 25.413 en el año 2001. En la actualidad, los porcentajes cobrados por el Estado por cada débito o crédito en cuenta corriente son el 0.6% de lo que se deposita y el 0.6% también, de lo que se cobra. Es decir que, por cada transacción el Estado recauda, en total, un 1.2%.

Por ende, la manera de calcularlo es simple. Sabiendo que el impuesto es de un 0.6% debemos tener en cuenta que si depositamos un cheque de $50.000 el impuesto será unos $300, monto que se sumará a nuestro total.

Los únicos exentos de los impuestos al cheque son las acreditaciones de haberes, jubilaciones y pensiones y las extracciones que se realizan a su respeto. También quedan excluidos el Estado Nacional, Provincial, Municipal y sus reparticiones con sus respectivas jurisdicciones como así también las operaciones inmobiliarias.

Según la Ley de Pymes, Ley 27.264, se establece que el impuesto al cheque puede ser computado en un porcentaje del 100% como pago a cuenta del impuesto a las ganancias para las pequeñas y medianas empresas. El mismo también se puede reducir mediante el pago a cuenta de otros impuestos como el Impuesto a las Ganancias, Ganancia Mínima Presunta o del impuesto al capital de las cooperativas tanto para personas físicas como jurídicas. En la actualidad, el porcentaje con el que se trabaja en estos casos es del 33% mientras que antes era del 17%.

El impuesto al cheque es resistido por casi todos los sectores de la economía y esto hace que se promueva la evasión ya que muchos eligen realizar pagos en efectivo y evitar quedar en los registros públicos. De todas maneras, para movilizar grandes montos de dinero, los cheques resultan una opción segura, rápida y confiable.